Recientemente la transnacional REPSOL YPF, en declaraciones formuladas en España dio a conocer que la medida adoptada por el gobierno de Rafael Correa respecto al incremento del 50 al 99% del beneficio económico derivado por los excedentes de los altos precios del petróleo, no afecta en lo más mínimo a los ingresos petroleros de la empresa.

Según datos de prensa se sabe que esta empresa extrae sobre el millón de barriles de petróleo por día de diversos campos petroleros en el mundo, lo que representa nada menos que 70 millones de dólares diarios de ingresos. En el Ecuador, REPSOL YPF tiene varias concesiones, como el Bloque 16, los Campos Tivacuno y Bogi Capirón. En suma, de ellos extrae aproximadamente 56 mil barriles, de los cuales se beneficia en 44.000 barriles por día, o sea, la nada despreciable suma de 3 MILLONES Y PICO DE DÓLARES de ingresos diarios.

En cuanto al pago de los excedentes por el alto precio del petróleo, el gobierno espera recaudar alrededor de 70 millones de dólares mensuales, o sea 2,3 millones diarios. Si consideramos los ingresos obtenidos por REPSOL YPF como parte de la participación del 80 % del crudo ecuatoriano, de 3 millones de dólares por día, versus el pago por día de +/- 200 mil dólares de los excedentes petroleros, la compañía sale bien librada. El pueblo en su sapiencia diría: ‘Del lobo un pelo’.

Mientras tanto las deudas de la petrolera con el estado se siguen sumando, el pago de los 270 mil dólares por el préstamo del crudo de Petroecuador para las pruebas de funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados OCP, nunca fue facturada. La cancelación de 100 millones de dólares por concepto del reajuste de la tarifa real del transporte del crudo de REPSOL YPF por el Oleoducto Estatal SOTE, siguen en mora.

Mientras tanto, los perjuicios al país no se detienen, el año pasado compañías como PETROSUD, PETROBELL y TECPEC fueron excluidas de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, para subir la participación del estado a un 50-50, de los altos excedentes del precio del petróleo. Aunque las tres empresas, fueron premiadas en 1999 con la entrega infame de los Campos Marginales Pindo, Palanda, Yuca Sur, Tigüino y Bermejo, poco importa a las autoridades que año a año se repartan las petroleras alrededor de 90 MILLONES DE DÓLARES DE INGRESOS NETOS. Dichas empresas fueron excluidas de esta obligación tributaria, con el pretexto de que la producción en esos campos era muy baja. ¿Qué corona tienen las petroleras? Si en el Ecuador existiese seguridad jurídica, igualdad ante la ley, a cualquier ecuatoriano –propietario de un negocio- con ingresos brutos de 500 a 2000 dólares mensuales, ¿quién le exonera de la obligación de tributar al fisco? El día en que Ud. no pague los servicios públicos, o los impuestos de su casa, el municipio no vacilará en seguirle un juicio de coactiva ¿Por qué tanto favoritismo para con empresas privadas extranjeras y nacionales, y tanta discriminación con la gran mayoría de ciudadanos de este país?

Aprovechando la euforia de la campaña electoral pro Asamblea Constituyente, el gobierno de la Revolución Ciudadana , prácticamente ha adjudicado a varios consorcios empresariales la entrega de algunos campos petroleros importantes de Petroecuador, como PUCUNA, TAPI, TETETE y FRONTERA. De esta manera, el presidente Rafael Correa, con el cerebro izquierdo pronuncia un discurso nacionalista y soberano para deleitar a las masas; mientras que con la mano derecha firma nuevos contratos, que sellan un nuevo despojo del patrimonio de los trece millones de ecuatorianos. La entrega de los mal llamados Campos Marginales a empresas petroleras como DYGOIL, viola la Ley de Hidrocarburos, pues los campos antes mencionados NO SON MARGINALES. Al respecto cabe hacer las siguientes puntualizaciones:

La Ley de Hidrocarburos es clara, son campos marginales aquellos que están distantes de la infraestructura principal del Estado, los que contienen crudo pesado y tienen baja prioridad productiva. Nada de eso se cumple en la licitación petrolera, aunque para el socialdemócrata Galo Chiriboga, actual ministro de Petróleo y Minas, es un proceso transparente y beneficioso para el país.

No se puede permitir la entrega ‘a precio de huevo’ de campos en plena producción, con inversiones multimillonarias en carreteras, estaciones de producción operativas, pozos perforados y, sobre todo, cuyo incremento de producción implica una inversión sin riesgo; pues 54 millones de barriles de reservas disponibles, hacen de esta actividad un negocio redondo, para cualquier inversionista privado. Pero las autoridades ignoran que esta riqueza -de acuerdo a la Constitución- debe ser explotada en función de los intereses nacionales; es decir, tiene que servir para financiar la construcción de hospitales, universidades, escuelas, servicios básicos, construcción de puentes, carreteras, que tanta falta hacen en el Ecuador. Campos como PUCUNA, TAPI, TETETE Y FRONTERA tienen crudo liviano, están dentro de las instalaciones principales de Petroproducción, por lo tanto NO SON MARGINALES, lo cual invalida todo el proceso de concesión, que de concretarse, se sumaría a otros tantos contratos petroleros viciados de ilegalidad.

Dicen los defensores de la concesión petrolera, que el estado se beneficiaría –como nunca- de un contrato en el que el país recibiría el 85% de la producción incremental. De ser así, si las reservas ascienden a 54 millones de barriles, el 15 % que sería la ganancia en generosos contratos a 20 años, representaría 8 MILLONES DE BARRILES a favor de la empresa privada, es decir, mas de 500 MILLONES DE DÓLARES de ingresos, que no podrán invertirse en salud, en educación de nuestro pueblo. Y no me cansaré de hacer hincapié compatriotas, las empresas que se ganarán esta lotería, no tendrán que preocuparse de construir carreteras, pues el papá estado ya gastó en habilitarlas; no tendrán que construir tendido eléctrico o toda la millonaria inversión en las estaciones de producción, pues Petroecuador ya gastó cientos de millones en acondicionarlo; no habrá riesgo alguno en descubrir reservas pues la nación ya invirtió hace lustros, cientos de millones en estudios sísmicos. No tendrán que contratar taladros pues podrán usar las mismas torres que alquilan a Petroproducción, ni tampoco tendrán que perforar pozos para subir la producción pues hay decenas de ellos que esperan reparación; y en cuánto al personal técnico, allí tienen al capital humano entrenado por la empresa estatal. En síntesis, la mesa está servida…respetables privatizadores.

Dos actividades rutinarias deberán cumplir las empresas beneficiarias del despojo: perforar pozos direccionales a un costo de 3 millones de dólares por pozo, con una recuperación de la inversión con un mes de producción; la reparación de decenas de pozos cerrados, a un costo de 200 mil dólares y, cuya inversión se pagará en una semana con la producción del pozo. Dos trabajos cotidianos en los que  Petroecuador tiene 30 años de experiencia, y que puede seguir realizando, sin tener que concesionar nada.

La concesión de los Marginales perjudica a la nación, pues se priva a los trabajadores estatales el derecho de seguir explotando campos en plena producción, un trato discriminatorio que anula profesionalmente a los técnicos que ven con impotencia cómo se quiere regalar el fruto de treinta años de trabajo, y todo para servir a la libertad de empresa, en su afán de usufructuar de los bienes públicos,  a manos lavadas. El experto analista jurídico Augusto Tandazo dijo alguna vez, y con razón, que todo aquello que afecte el interés público es ilegal; o sea, que el derecho público prevalece jurídicamente sobre el derecho privado.

Sepa el Ecuador entero, que late con fuerza el alma nacional por la impotencia de no llegar a un oído receptivo que se haga eco de esta demanda por la defensa del petróleo. Los gremios de profesionales callan, los sindicatos se esconden, los partidos de izquierda guardan un silencio cómplice, pues no quieren resentir al poder. Mientras la Patria clama por la defensa de la soberanía, argumento que no encaja con la demagogia gobiernista de Alianza País.

“Se acabó el entreguismo de la soberanía, vamos a recuperar el petróleo para los ecuatorianos, la Patria ya es de todos…”, baladíes de campaña. Para ‘Alianza Anti País’ no queda otra, tienen que pagar compromisos de campaña, ¿no es así señor gobierno?